El Principio de Proporcionalidad según Héctor Villegas (1993) indica que “la fijación de contribuciones concretas de los habitantes de la Nación sea “en proporción” a sus singulares manifestaciones de capacidad contributiva, ya que lo deseado es que el aporte no resulte “desproporcionado” en relación a ella.” (p.205)
El Impuesto al Valor Agregado podría considerarse como uno de los impuestos que cumple con el principio de proporcionalidad, sin embargo hay que considerar que se traslada al consumidor final por los vendedores de los bienes o servicios, es decir, la carga del tributo debe ser llevada por los consumidores finales quienes son los que al final de la cadena o cascada del impuesto son los que finalmente pagan el incremento del valor agregado de cada uno de los eslabones de la cadena que componen el canal de comercialización de los productos o servicios que adquieren.
Héctor Villegas (1993) comenta lo siguiente sobre lo anteriormente señalado:
La transferencia de la carga impositiva (traslación) a veces es prevista por el legislador; así, la mayor parte de los impuestos al consumo son soportados por el comprador, pero son pagados al fisco por el vendedor que los carga en los precios. En otros casos la traslación se produce sin estar prevista por el Estado e incluso contra su voluntad, ya que aquellos a quienes se quiere cargar con el peso impositivo logran transferirlo a otra persona. (p.79)
Al efectuar un análisis de la capacidad contributiva de los distintas personas que habitan la Nación se consideraría que aquellos que poseen mayor poder adquisitivo serían los que soportarían la mayor carga del Impuesto al Valor Agregado debido a que los mismos realizan operaciones comerciales de mayor envergadura y volúmenes que aquellos que se encuentran en situación de pobreza extrema, sin embargo, el esfuerzo que representa para aquellas personas que se encuentran dentro de la población calificada como dentro de los márgenes de pobreza extrema es significativamente mayor que los considerados como poseedores de un gran poder adquisitivo.
Tal es la incidencia del Impuesto al Valor Agregado sobre los índices de pobreza que el aumento de la alícuota del impuesto determina que las personas consideradas dentro del margen de pobreza experimenten un incremento del costo de los productos o servicios que consumen o utilizan originando que varios de los mismos no se encuentren al alcance del poder adquisitivo de dichas personas.
Por otra parte, el incremento de los bienes o servicios motivado por el aumento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado experimentado por aquellas personas que poseen un poder adquisitivo elevado representa un mayor incremento de la recaudación del impuesto debido a que para dichas personas el ajuste de precios no tendría mayor incidencia sobre la capacidad de compra que los mismos poseen.
Por las razones arriba descritas el Impuesto al Valor Agregado es considerado un impuesto de carácter regresivo, afecta directamente la capacidad adquisitiva de las personas de menores recursos económicos que habitan la Nación, por tal razón, el estado debe considerar la repercusión económica que representa para los ciudadanos el incremento de la alícuota del impuesto, elemento no considerado por el Impuesto al Valor Agregado debido a la característica que presenta de un impuesto indirecto.
Para Dino Jarach (1991) un impuesto es regresivo cuando “son pagados en mayor proporción por los sectores de la población de menor ingreso y en medida menor por los más pudientes.” (p.780)
Al disminuir el poder adquisitivo de las personas de menores recursos el estado se ve en la obligación de implementar programas de atención o de ayuda para poder poner al alcance de las clases mas necesitadas los bienes de consumo que por efecto de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado sobre el precio de venta de dichos productos se ven incrementados debido a la traslación del impuesto originado en la cadena de comercialización de los mismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario